* Alud de dudas sobre nueva reforma en salud
* Urge concertar con todos los actores del sistema
“Del afán no queda sino el cansancio”. Este refrán popular le cae como anillo al dedo a lo que está ocurriendo con el segundo proyecto de reforma al sistema de salud que está confeccionando el Gobierno, luego de que el primero se hundiera, tras un año de accidentada discusión parlamentaria, en la Comisión Séptima del Senado semanas atrás.
Luego del archivo de esa polémica iniciativa (que los parlamentarios petristas tratan de resucitar por la vía de una insólita apelación cuyo trámite permanece estancado en la plenaria), el Ejecutivo acordó con los gremios que llevan la vocería de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) un nuevo escenario de concertación, esta vez de 100 horas, con el fin de avanzar otra propuesta de ajuste al sistema.
La semana pasada, de forma por demás intempestiva, se dio a conocer un comunicado suscrito por el Ministerio de Salud, Acemi (que reúne a las EPS del régimen contributivo) y Gestarsalud (que asocia a las del régimen subsidiado), así como por los representantes de seis compañías de una y otra categoría.
Según se informó, lograron un acuerdo alrededor de un borrador de reforma de 47 artículos que, en principio, recoge gran parte de la estructura delineada en la hundida iniciativa. Por ejemplo, las EPS aceptan convertirse en “gestoras de salud y vida”, los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) continúan como puerta de entrada al sistema, los giros del fondo-cuenta Adres serán directos a la red prestacional, al tiempo que se crean instancias locales y regionales como las Redes Integradas e Integrales Territoriales de Servicios de Salud y un Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud, entre otros niveles.
Si bien el ministro de Salud ha explicado en distintos escenarios los que considera aspectos clave y ventajas de este nuevo proyecto, otros actores del sistema de aseguramiento y atención médica han prendido alertas sobre sus alcances. De un lado, asociaciones de pacientes, el conjunto de médicos, enfermeras y demás talento humano en salud, la red de clínicas y hospitales, así como gobernadores, alcaldes, el sector farmacéutico y la proveeduría, entre otros, advierten que el acuerdo entre el Gobierno y los gremios de las EPS fue cerrado y excluyente, ya que no tuvo en cuenta su opinión. Solo ahora serían convocados, lo cual resulta, de un lado, tardío, y de otro, engañoso, más aún cuando el Ejecutivo estudia la posibilidad de radicar esta misma semana el articulado y acompañarlo de un mensaje de urgencia para agilizar su trámite en el Congreso.
Otra de las críticas se refiere a que no está claro el régimen de transición, como tampoco la estructuración financiera ni los mecanismos para asegurar los estándares de calidad y oportunidad en el servicio médico, tanto en el nivel primario como en el especializado. Igualmente persisten las dudas sobre la sostenibilidad económica, una estatización progresiva del sistema y si, en realidad, los dos gremios y las seis EPS que suscribieron el referido acuerdo representan los intereses de la totalidad de las 28 empresas que aún sobreviven.
Visto todo lo anterior, hay una confusión muy grande en torno a las implicaciones de esta segunda propuesta de reforma a la salud. El Gobierno ha reiterado explicaciones desde su punto de vista, pero no así Acemi y Gestarsalud. Tampoco se han escuchado las opiniones de todas las EPS (sabido es que hay contradicciones entre varias de ellas y la mayoría tienen situaciones financieras y operativas distintas). Asimismo, como se dijo, es necesario que el resto de los actores del sistema se expresen de manera puntual y detallada sobre la iniciativa que ahora, con un afán inusitado, el Ejecutivo quiere radicar sin mayor consenso ni suficiente ilustración.
Visto lo que ya pasó con la reforma pensional, en donde el propio presidente de la República incumplió el acuerdo al que había llegado con los senadores de dos partidos para conseguir que el proyecto fuera aprobado por la plenaria del Senado, hay una creciente preocupación sobre lo que pueda ocurrir con la reingeniería en salud, ya que se pasa de una primera iniciativa sin concertación real alguna a una segunda con pactos apenas parciales y excluyentes.
Que hablen, pues, las EPS, ya sea a través de sus voceros gremiales o los presidentes de las compañías aseguradoras. Urge una rueda de prensa en extenso que despeje todas las dudas y aclaren por qué lo que antes consideraban lesivo y ruinoso para su actividad misional y los afiliados al sistema, ahora se tornó en potable. No es momento de bajo perfil ni del ‘sálvese el que pueda’, ya que están en juego la salud y la vida de todos, absolutamente todos, los colombianos.