* Otra alerta en factores de violencia y rentas ilícitas

* Urge redoblar cruzada contra la minería criminal

La producción de oro en Colombia es difícil de calcular debido al alto grado de informalidad que existe en su extracción, comercialización e incluso exportación. A cifras de 2022, se calculaba que el país podría estar por encima de las 50 toneladas del metal precioso al año, pero, como se dijo, el subregistro es sustancial.

Lamentablemente, mucha de esta riqueza no reporta gran beneficio a la población, ya que es un negocio que, salvo la industria legalmente constituida, registrada, que paga impuestos y regalías, la mayor parte del negocio aurífero se realiza por fuera de la ley, ya sea por los mineros artesanales o por las operaciones a gran escala que son controladas por organizaciones típicamente criminales. Un informe de la Contraloría hace un par de años señalaba que el 80% del oro que se exportaba tenía origen ilegal. Otros cálculos indican que este negocio podría estar moviendo no menos de diez billones de pesos al año.

De hecho, ni siquiera se puede hablar de que los barequeros, que son el eslabón más bajo en la minería artesanal y ancestral, se estén quedando con alguna tajada importante de estos recursos. En efecto, sus ingresos no tienden a ser mayores, ya sea porque lo que les pagan por el oro que encuentren en aluviones y socavones es muy poco o porque desde hace décadas son blanco de presiones y extorsiones por parte de grupos guerrilleros y paramilitares, con sus transmutaciones hoy en día. Este flagelo, lejos de disminuir, hoy es más marcado, debido a que la minería criminal, tal y como lo indicó un informe dominical publicado por este Diario, poco a poco le ha ido ganando terreno, dentro de la evolución de las rentas ilícitas en Colombia, al propio narcotráfico.

Este flagelo, al decir de los expertos, se explica por tres fenómenos. El primero, que hay una sobreproducción de hoja y pasta de coca en muchas regiones, producto de un pico en la extensión de los narcocultivos, derivado esencialmente de la caída en picada de la erradicación forzada de sembradíos ilícitos determinada por el gobierno Petro. Esto ha impactado la cadena de valor del narcotráfico, sin que ello signifique en modo alguno su quiebra o una escasa rentabilidad, claro está.

En segundo término, que hay un boom a nivel mundial en los precios del oro, ya que es un activo de los llamados “seguro” o de “refugio” al que acuden los inversionistas en medio de las convulsiones cambiarias, financieras o crisis geopolíticas. En Estados Unidos, por ejemplo, la onza de ese metal precioso alcanzó la semana pasada los 2.364 dólares.

Por lo tanto, es claro que esa ola alcista ha llevado a que el Eln, los grupos residuales de las Farc, el ‘Clan del Golfo’ y otras bandas criminales de alto espectro, así como los carteles de la minería ilegal a nivel local y regional, hayan intensificado sus operaciones de intermediación, ‘vacuna’ o de producción directa y compra del dorado metal.

Y es que no se trata solo de cuestiones de precio (en kilogramo de oro en Estados Unidos vale un poco más de 77.000 dólares, mientras que uno de cocaína se tasa en los mercados ilegales en 25.000), sino también de tiempos de producción, inversión en el proceso, riesgo implícito (por los operativos de la Fuerza Pública) y capacidad de comercialización y monetización. Siendo el narcotráfico y la minería criminal actividades ilegales de amplio calado, esta última tiene algo de ventaja en muchos aspectos, por obvias razones.

Las autoridades colombianas han redoblado su accionar contra la minería criminal, pese a las limitaciones que imponen los ceses el fuego vigentes con algunas de estas organizaciones armadas ilegales, principales focos de violencia en sus regiones. De hecho, en los últimos quince meses han sido capturadas 1.554 personas durante la intervención de 4.272 minas ilegales, al tiempo que fueron incautadas 1.328 retroexcavadoras, excavadoras, buldóceres, dragas, clasificadoras, mezcladoras y trituradoras. No hay que olvidar que este flagelo es también uno de los delitos ambientales más graves, contaminando ríos y quebradas, deforestando a gran escala y depredando suelo fértil.

En cuanto a la normatividad, avanza en el Congreso un proyecto de ley para crear la Empresa Colombiana de Minería (Ecominerales), en tanto se fortalece el Registro Único Colombiano de Minería (Rucom). También se continúa trabajando en formalización de mineros artesanales, la depuración de títulos y erradicación de operaciones ilícitas en Parques Nacionales y otras zonas de alta sensibilidad ambiental. No es un asunto fácil, pero es evidente que se requiere impulsar con más decisión procesos que permitan clarificar y legalizar la actividad, de forma tal que se pueda establecer una mayor trazabilidad y vigilancia en la extracción, comercio y exportación.

Por ahora, es imperativo redoblar la cruzada contra la minería criminal. La riqueza aurífera del país no puede seguir siendo esquilmada. Son billones y billones de pesos que, al año, deberían estarse dirigiendo a inversión social y fortalecimiento institucional.