Desde que el chavismo llegó al poder en Venezuela no hay elecciones libres y democráticas; pareciera que llegó para quedarse y no realizan elecciones confiables desde hace veinticuatro años. El sucesor de Chávez, actual presidente Maduro, participó en elecciones por primera vez luego de muerto el primero, con unos resultados sospechosos y no permitió el recuento de votos que reclamaban los opositores.

Con los llamados acuerdos de Barbados, el gobierno de Maduro se comprometió a realizar este año unas elecciones libres, buscando obtener como contraprestación, un levantamiento de las sanciones económicas, y la liberación de Saab por parte de los Estados Unidos. El conejo que se puso fue mayor, pues no ha cumplido en nada sus compromisos; mientras que los gringos le liberaron a Saab y le levantaron las sanciones económicas.

En unas elecciones preliminares, la oposición arrasó, quedando demostrada una diferencia de 80% sobre 20%, en contra del Gobierno.  La líder opositora María Corina Machado, sin embargo, fue inhabilitada para participar en las elecciones del próximo 28 de julio y se ha saboteado la inscripción de otros miembros de la oposición, como recién sucedió con la candidata a sucederla, la profesora Corina Yoris, al no permitir su inscripción. Sabe el régimen que si juega limpio perderá el poder, por lo que, de frente, ha afirmado que no lo sacan ni a las malas.

Diferentes sectores de oposición agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y del movimiento Vente Venezuela reclaman el cumplimiento irrestricto de lo establecido en el Acuerdo de Barbados, en el cual Colombia ha fungido como observador y acompañante. Incluso, el propio gobierno colombiano, a través de la cancillería, ha abandonado la tibia posición con la que venía, para adherirse a los reclamos por el cumplimiento de lo acordado. Se reitera por el gobierno colombiano, la necesidad de un proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo en Venezuela, donde se promueva la participación ciudadana a través del voto como mecanismo de expresión democrática.

El gobierno colombiano había permanecido al margen de la controversia, pero ahora si ha manifestado que: “Las garantías políticas y electorales para todos los actores políticos por igual, constituyen un eje fundamental en el marco de la democracia y por esto, Colombia se une a los llamados de la comunidad internacional sobre la necesidad de priorizar el actual proceso político electoral presidencial como mecanismo democrático para la toma de decisiones que afectan y tendrán incidencia en la vida del Pueblo hermano de Venezuela durante los próximos años.”  Menos mal, porque estábamos quedando como patrocinadores de una dictadura; más vale tarde que nunca.

Impedir la marcha normal del proceso democrático sitúa a Maduro como un indiscutible dictador en su país. Bien lo ha dicho Leopoldo Lopez el líder opositor: “En esta nueva ola represiva Maduro ha enfilado contra las mujeres, metió presa a Rocío San Miguel, inhabilitó a María Corina Machado, no permitió la inscripción de la profesora Corina Yoris”.

Ojalá nuestro vecino país encuentre su destino en la democracia y cese ya el gobierno en utilizar a Bolívar para justificar todos sus desmanes.